• El diputado Alfredo Quiroz propone que la Secretaría de Salud vigile estos sitios para garantizar la integridad quienes se someten a tratamiento.
• Plantea que se evalúe el impacto de las actividades de estos centros de atención.
En nombre del grupo parlamentario del PRI, el legislador Alfredo Quiroz Fuentes propuso reformas para que los centros de tratamiento contra las adicciones sean verificados, inspeccionados y vigilados por la Secretaría de Salud y, de ser el caso, puedan ser clausurados, pues en caso de incumplimiento se pone en riesgo la vida e integridad física de quienes se encuentran en tratamiento.
Mediante reformas al Código Administrativo del Estado de México, el diputado Alfredo Quiroz planteó que la Secretaría de Salud también cuente con la atribución de realizar cada dos años una encuesta estatal sobre adicciones para evaluar el impacto de las actividades realizadas contra el consumo de drogas, tabaco y alcohol, así como ludopatía, y que se remitan sus resultados a la Legislatura.
Además, si en las visitas de verificación y vigilancia de los centros se observa algún incumplimiento al Código Administrativo, a las normas correspondientes o no brinden un trato digno y de respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentren en tratamiento, la Secretaría dictará las medidas de seguridad, las sanciones que correspondan, y de ser el caso la clausura.
La iniciativa, que se analizará en la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, añade que las instituciones y organismos privados y del sector social que realicen actividades de prevención, atención y reinserción social en materia de adicciones que brinden atención residencial deberán contar con el aviso de funcionamiento respectivo, y con el registro como institución especializada ante el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic).
También deberán contar con un reglamento interno y un programa general de trabajo aprobado por Conadic en el que se contemple el tratamiento médico o psicosocial basado en principios científicos, sociales y éticos; que las instalaciones deberán tener lo necesario para brindar atención y que la Secretaría de Salud deberá autorizar las licencias de funcionamiento de los organismos privados y del sector social especializados para la prevención y atención de las adicciones, entre otros aspectos.